El Gobierno aprobó el pasado fin de semana una batería de medidas para facilitar que el crédito llegue a las pequeñas y medianas empresas. A través de cinco acuerdos distintos, se ampliaron las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que pasan así de 19.000 a 22.000 millones. ¿Para todos los sectores? No, hay uno que se ha quedado huérfano de esta lluvia de liquidez. Se trata del inmobiliario.
El Ministerio de Economía acaba de eliminar el tramo stock de vivienda, que financiaba a las promotoras a cambio de que pusieran sus inmuebles en alquiler. La justificación del Gobierno es que así pretende favorecer que los empresarios del ladrillo saquen cuanto antes al mercado los pisos que no logran vender; y a precios más bajos.
Hay además otro motivo: el relativo fracaso que estas líneas de crédito han tenido en el pasado. En un país en el que hay cerca de un millón de viviendas que no encuentran comprador y en el que las empresas inmobiliarias luchan por sobrevivir, es sorprendente que de los 3.000 millones disponibles el año pasado, se utilizara en torno al 15%. Las 227 operaciones que se cerraron gracias a la financiación del tramo stock vivienda de la línea ICO absorbieron 468 millones de euros. "Se ha visto que el mercado no va por ahí y que hay que buscar otras vías. Habrá que orientar las ayudas hacia la rehabilitación", apuntan fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad.
Por eso el decreto aprobado el pasado viernes establece una línea del ICO dotada con 1.000 millones de euros —un tercio del dinero destinado al instrumento equivalente del año pasado— para promover la rehabilitación de viviendas y edificios. La novedad es que en esta ocasión el dinero se podría destinar a financiar la reforma de los elementos comunes de los edificios.
Pese a que Ana Pastor ha insistido desde que se hizo cargo del Ministerio de Fomento en que una de sus prioridades en materia de vivienda será el impulso al alquiler, con esta línea de financiación desaparece un acicate importante para que las empresas se dediquen a colgar el cartel de "se alquila" a aquellos inmuebles que hoy por hoy son incapaces de vender. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya anunció a principios del pasado mes de febrero que la reforma financiera empujaría a bancos y cajas a sacar al mercado el ladrillo que arrastran en sus cuentas a precios más reducidos. "Los ciudadanos que quieran comprar viviendas se beneficiarán de esta medida", concluyó Guindos.
Mientras que los promotores inmobiliarios ven cómo menguan los recursos que les ofrece el ICO, estos aumentan para el resto de sectores; y además se abaratan. Los 22.000 millones previstos de dotación se ofrecerán a un tipo de interés más bajo como consecuencia de la mejora esperada en el coste de financiación que el ICO tiene que afrontar. Al mismo tiempo, aumenta el margen de las entidades, es decir, la compensación que reciben los bancos por asumir el riesgo de las operaciones. Con este aumento de los beneficios, el Gobierno pretende incentivar la comercialización de las líneas ICO.
Además del instrumento para financiar la vivienda, el ICO ha reorientado otras cinco líneas: inversión, que financia proyectos como la adquisición de activos fijos productivos, vehículos o empresas; internacionalización, destinada a proyectos de inversión en el extranjero; liquidez, para capital circulante para autónomos; y emprendedores, para los que hayan iniciado su actividad empresarial en los últimos cinco años.
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